Los Rohingyas son una minoría étnica predominantemente musulmana de alrededor de 1,1 millones de personas, las cuales viven sobre todo en el estado de Rakhine, situado en el oeste de Myanmar. Actualmente esta minoría se encuentra en una emergencia a nivel internacional, debido a que el gobierno de Myanmar ha conducido una serie de crímenes en su contra, que van desde la represión hasta el genocidio.
Para comprender mejor las causas de esta crisis debemos conocer el contexto de Myanmar y su relación con la minoría Rohingya. En Myanmar están reconocidas 135 etnias distintas, en donde alrededor del 90% de la población es de religión budista. Los Rohingyas son una mezcla de diferentes etnias como la árabe, la mogol y la bengalíes que se encuentran en la región de Rakhine o Arakan. Existen diferentes discursos alrededor de su origen, mientras que los Rohingyas afirman que son indígenas del estado de Rakhine descendientes de comerciantes árabes, el Estado birmano asegura que son migrantes musulmanes que se originaron en Bangladesh y emigraron a Myanmar durante la ocupación británica.
Se considera que la problemática actual data desde la Segunda Guerra Mundial.
Cuando Japón decidió intentó Birmania, por lo que el Imperio Británico decidió armar a los Rohingyas; sin embargo el grupo utilizó estas armas y técnicas para ideales propios, se habla de que quemaron tierras y templos de otras etnias, principalmente budistas. En 1944 hicieron retroceder a los japoneses. En 1948, cuando Birmania consiguió la independencia del Imperio Británico, varias minorías que representan el 40% del actual Myanmar se rebelaron contra el nuevo sistema político.
No fue hasta 1974 que se publicó la Ley de Emergencia sobre Inmigración, y 1982, cuando se aprobó la Ley sobre Ciudadanía, durante el período dictatorial del general Ne Win, que los Rohingyas fueron declarados por ley inmigrantes ilegales sin derecho a la ciudadanía en Myanmar. Esta ley es una de las razones por las cuales comenzó el conflicto entre las autoridades y los Rohingyas. Al conflicto cabe añadirle la participación de los militares, quienes promueven o incitan la confrontación en la región entre distintos grupos étnicos.
Algo que que no esta en cuestionamiento es que desde 1948, cuando se independizó el país, han sido víctimas de tortura, negligencia y represión. El Estado les prohíbe casarse o viajar sin permiso de las autoridades y no tienen derecho a poseer tierra ni propiedades. Actualmente, alrededor de 120.000 personas están confinadas en campos para desplazados.
El Gobierno birmano justifica sus actuaciones contra los Rohingyas alegando que el conflicto entre las dos religiones desde el período de colonización británica puede dar lugar a conflictos posteriores.
Por otro lado, existe miedo por parte del Gobierno, los budistas y las otras minorías hacia los Rohingyas por sus organizaciones como la Arakan Rohingya National Organization o la Rohingya Solidarity Organization, las cuales tienen una conexión casi directa con líderes y miembros de grupos terroristas como Al-Qaeda o los talibanes.
Desde el 2012, crecieron las tensiones entre los Rohingyas y la mayoría de la población, de etnia rajine, lo cual llevó a miles de Rohingyas a abandonar sus hogares e instalarse en precarios campamentos de desplazados. Mientras que en 2016, tras ataques por parte de los Rohingyas contra retenes de la policía, el ejército de Myanmar inició una represión militar contra toda la comunidad.
El 25 de agosto del 2017 se llevó a cabo un ataque por un grupo armado Rohingya contra retenes de las fuerzas de seguridad, lo cual obtuvo una respuesta militar que es criticada por ser ilegítima y desproporcionada al ataque original. Ante las críticas, el gobierno de Myanmar ha declarado que al menos 400 personas han muerto y ha afirmado que la mayoría de ellas eran “terroristas”. Sin embargo, el ejército de Myanmar tiene un historial de violaciones de derechos humanos contra los Rohingyas y otras minorías étnicas y religiosas. En consecuencia, más de 723.000 personas refugiadas huyeron a Bangladesh desde el 25 de agosto de 2017.
El pasado noviembre del 2020 se llevaron a cabo elecciones en Myanmar.
En donde siguió la exclusión de la minoría, elecciones que llevaron al golpe de estado en febrero del 2021. Esto representa una nueva amenaza para los Rohingyas; ya que el ejército está en el poder y esto incrementa su vulnerabilidad, tomando en cuenta su historial de violación a los derechos humanos. Asimismo, estos fueron de las poblaciones más afectadas y vulnerables ante la pandemia por Covid-19.
Sin embargo, los Rohingyas han recibido atención por parte de la comunidad internacional. El Gobierno de Bangladesh ha respondido de buena manera dándoles asilo, principalmente en aldeas locales y necesidades básicas. Sin embargo, los recursos no han sido suficientes. Por su parte, la ACNUR transportó más de 1.500 toneladas de ayuda de emergencia a Bangladesh, como mantas, colchonetas, entre otros, además de aumentar su presencia en el terreno mediante equipos de emergencia y especialistas en socorro y también equiparon a alrededor de 80.000 familias de refugiados con kits de albergue mejorados. Asimismo, el 16 de marzo de 2018, la ONU lanzó un Plan de Respuesta Conjunta (JRP) para la Crisis Humanitaria Rohingya solicitando 951 millones de dólares para continuar entregando asistencia de primera necesidad de marzo a diciembre de 2018.
Recientemente, los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazaron las objeciones preliminares de Myanmar ante la acusación sobre la responsabilidad del Estado en el genocidio contra la minoría musulmana Rohingya. Lo cual da paso a continuar el caso en contra del gobierno y buscar una solución; sin embargo, este caso podría tomar años.